La Justicia de Córdoba condenó a penas de 5 años y 6 meses de prisión y de 3 años de ejecución en suspenso, respectivamente, a dos hombres acusados de integrar una asociación ilícita (con una tercera persona fallecida antes del debate) destinada a recibir agroquímicos robados, adulterarlos y posteriormente comercializarlos modificando su fecha de vencimiento para disimular su caducidad. En el debate intervino el fiscal general Carlos Gonella.
Con la composición unipersonal de la jueza María Noel Costa, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba impuso 5 años y 6 meses de prisión efectiva a José Alberto Albin y condenó a 3 años de prisión de ejecución condicional y a seis meses de inhabilitación profesional a su sobrino Rodrigo Albín Martín, contador público. Ambos también fueron condenados a pagar 3 millones de pesos en concepto de multa.
La jueza los consideró coautores de los delitos de asociación ilícita, encubrimiento agravado y uso indebido de marcas registradas y venta de productos agroquímicos de marca falsificada, en concurso real.
La causa tuvo origen tras una serie de robos de agroquímicos en la zona de Bell Ville. De acuerdo a la acusación, ambos condenados se asociaron con el fallecido Dante Albín (hermano de José y padre de Rodrigo, los ahora condenados) para cometer hechos vinculados a la obtención, acopio, manipulación, fraccionamiento y adulteración de productos agroquímicos en un depósito de su propiedad.
Los productos (líquidos, sólidos o granulados, algunos de ellos ya caducos) habrían sido robados de empresas agropecuarias y campos de la provincia de Córdoba. Según se determinó en el proceso, en el galpón los adulteraban y fraccionaban en distintos envases, colocándoles etiquetas originales de otras marcas y con fecha de vencimiento vigente cuando en realidad estaban vencidos, al margen de los controles de la autoridad pública. Luego, los vendían en el mercado agropecuario, directamente o a través de personas vinculadas a los delitos previos.
Siempre de acuerdo a la acusación, en la distribución de roles Dante Albin era el encargado de administrar el galpón, de contactar a los proveedores de los productos robados y de organizar el acopio, adulteración y fraccionamiento de los agroquímicos para su posterior venta. En tanto, José Albin tenía contactos con varios de los proveedores, se encargaba de la distribución y venta de los productos adulterados y de la cobertura policial. Por último, Rodrigo Albín Martín era titular de las empresas de transporte Arreos del Oeste SRL y Zona Austral SAS, utilizadas para la logística, obtención y distribución de los productos adulterados y los envases para su fraccionamiento, desde y hacia el galpón, con conocimiento de la procedencia delictiva de la mercadería.
En el contexto de una investigación realizada por el fuero provincial por el robo de agroquímicos, el 28 de mayo de 2020 fue allanado el depósito, donde los acusados tenían herbicidas vencidos de marcas “Spider”, “Dasen Herbicide”, “Nativo”, “Cripton”, “Philagro”, “Sulfentrasone” y “Zurco” entre otras firmas con stickers adulterados; planchas y selladoras, balanza digital, una hormigonera con productos granulados en su interior, bolsas de embalar, cajas, más de 1.300 envases de distinta capacidad (de 5 a 1.000 litros). La actividad no estaba registrada ni expuesta al control de las autoridades de aplicación, por lo que el material químico encontrado fue considerado residuo peligroso para la salud y el medio ambiente.
En 2021, el fuero provincial declaró su incompetencia al considerar que se trataba de delitos federales por la adulteración de marcas, por lo que la causa pasó a tramitar en el fuero federal a partir de marzo de 2022. La investigación se centró en una serie de delitos rurales ocurridos en la zona sur oeste de la provincia, principalmente relacionados con robos de agroquímicos, y la participación de los tres acusados en ellos.
A partir de la pesquisa pudo establecerse que en 2015 José Albín había llevado agroquímicos a un taller de serigrafía para que le cambiasen las etiquetas con fechas de vencimiento. En esa ocasión, se allanó su domicilio y le secuestraron dos teléfonos celulares; en uno de ellos había conversaciones de 2011 que lo vinculaban con una persona que le confeccionaba facturas para justificar operaciones con agroquímicos. También surgían intercambios con diferentes personas para comprar y vender combustible de forma ilegal.
Entre tanto, en 2020, a raíz de una denuncia de violencia por parte de su pareja, se peritó el teléfono de Dante Albín y se encontraron varias conversaciones que había mantenido con varias personas respecto a precios de agroquímicos de distintas marcas y su ofrecimiento para comercializarlos.
En estos diálogos también aparecían varios indicadores de la maniobra investigada, como alusiones a comprar planchas y etiquetas para cambiar fechas. Las conversaciones también referían a no pasar los agroquímicos por laboratorios para no hacerles control de calidad porque estaban “cortados”, y utilizaban palabras en código para referirse a su actividad. Del análisis de estas comunicaciones se pudo establecer que Dante Albín era el encargado de recibir los productos vencidos en fechas paralelas a los robos; su hermano José los comercializaba; y el hijo de éste se ocupaba de la administración y cuenta de las empresas utilizadas para esta tarea.
Durante su alegato, el fiscal Gonella repasó todas estas circunstancias y marcó que, para llevar a cabo la adulteración, los acusados obtenían bidones vacíos, los rellenaban le aplicaban etiquetas con fechas de vencimiento apócrifas y los tapaban con tapas nuevas que sellaban para simular que estuvieran envasados de fábrica. El fiscal agregó que, si bien en su declaración indagatoria Rodrigo Albín Martín negó conocer los hechos inculcados a su padre, su participación surgía de indicios de las escuchas, por lo que el representante del MPF indicó que el acusado no podía desconocer la actividad delictiva que su padre y su tío desarrollaban en el galpón. También aludió a un intercambio entre Albín Martín y su padre en el que explícitamente se hace mención al robo de agroquímicos y su potencial precio de venta.
Gonella apuntó que, en un carácter de contador público, Albín Martín participó activamente a través de las empresas que registraba a su nombre en la parte logística, lo que aportó “el carácter temporal típico de la asociación ilícita”.
De esta manera, para el Ministerio Público Fiscal, “no solo violó la ley que regula su actividad profesional en cuanto le impone ajustarse a deberes éticos y legales, sino especialmente la ley 25.246, que le impone concretos deberes de prevención de criminalidad económica y/o delitos precedentes a a los contadores públicos”
