Los precios de la yerba mate, uno de los productos más consumidos por los argentinos, quedaron desregulados a partir de este lunes. Por primera vez en 22 años, los productores comenzaron la cosecha principal sin un precio mínimo garantizado para la hoja verde y la canchada (yerba seca, sin moler), porque el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) quedó en una situación crítica debido al DNU que desreguló parte de la economía.
El mega decreto publicado el 20 de diciembre de 2023 deroga la Ley 27.114, y además modifica y deroga artículos de la Ley 25.564 vinculada a la yerba mate. La primera regulaba la radicación y creación de establecimientos para la instauración de un Régimen de Envasado en Origen. La segunda establecía el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
El Centro de Economía Política Argentina (Cepa) publicó un análisis de cómo impacta la decisión del gobierno libertario en una cadena de valor caracterizada por numerosos productores atomizados, sin poder de negociación con una industria concentrada.
El informe destaca que el DNU elimina las siguientes regulaciones:
- Los registros de identificación de la producción, elaboración, industrialización, y comercialización de la yerba mate.
- La promoción de formas asociativas entre productores primarios de yerba mate y en particular a las cooperativas yerbateras de la zona productora.
- Los acuerdos semestrales entre los componentes del INYM para regular el precio de la materia prima, basado en el precio promedio de venta al consumidor de los productos elaborados con yerba mate según las condiciones y estándares de calidad que fije la reglamentación.
- La constitución, a través del INYM, de fondos con fines específicos.
Un sector muy dispar
El estudio del Cepa repasa los datos recientes del sector (2022):
La producción primaria se encuentra atomizada, con 12.000 pequeños productores.
La cuenca de producción cuenta con 228 establecimientos que operan como secaderos registrados a nivel nacional y 105 industrias molineras y fraccionadoras.
Los 10 primeros productores industriales acumulan 72,7% del mercado. Y los tres primeros (Las Marías, Liebig, Santa Ana), el 41% con media docena de marcas y presentaciones.
El INYM no sólo permitía a los productores ser parte de la discusión del precio, en una posición menos débil dada su dispersión frente a una contraparte de pocos y poderosos actores, sino que establecía cantidades de hectáreas para poder plantar permitiendo a los pequeños su participación.
Con la derogación de la Ley 27.114, que imponía limitaciones al fraccionamiento de la yerba mate con exclusividad en Misiones y Corrientes, se abre además el juego a la compra de materia prima por parte de otras provincias para industrializar la materia prima fuera de la zona productora. Lo que la ley promovía era la radicación y creación de los establecimientos para un Régimen de Envasado en Origen en la región productora.
La desregulación impide, a la vez, decomisar la yerba que se esté transportando, exhibiendo y comercializando sin la estampilla que certifica el pago de la tasa de inspección y fiscalización.
Ya la vimos, en los 90: menos para el productor, sin mejora en góndola
Cepa recuerda la desregulación del mercado durante la década de 1990, cuando se eliminó la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) y el Mercado Consignatario Nacional de la Yerba Mate Canchada. Es lo que reedita el DNU de Javier Milei, bajo la consigna, también repetida, de una llamada “modernización” en el INYM a tono con el dogma del libre mercado.
En los 90, antecedente de lo que se pretende ahora, el valor de la yerba canchada por tonelada y la yerba verde cayeron sostenidamente a lo largo de la década a un tercio y a un quinto de su valor, respectivamente. Pero el precio en góndola de la yerba se mantuvo estable en el mismo período: una desregulación sectorial con claro perjuicio a los productores y sin beneficio para los consumidores. La parte del león fue para la industria copncentrada.
Una política pública inversa se dio a partir de 2001, con la creación del INYM: el precio al productor en términos reales recuperó parcialmente el terreno perdido aumentando 161% entre 2002 (su punto más bajo) y 2005.
Entre el campo y el súper, quién acapara la renta
El laudo comandado por el INYM a finales de 2023, que llevó el precio de la hoja verde a $250 y de la yerba canchada a $950, quedó retrasado como resultado del salto inflacionario de los últimos meses. Al valor de $250 el kilo de hoja verde, el atraso respecto al precio de góndola llevó a que el productor sólo perciba 5,9% de ese precio al consumidor final. En la práctica, y como hasta la desregulación de este lunes se paga $370 el kilo, el productor percibe 8,7% del precio.
Los pequeños productores pretenden llevar este valor a $500, lo que equivaldría a casi 12% del precio de góndola (similar al laudo de abril de 2023).