El gobierno eliminó una Resolución de 2021 que imponía topes a la exportación de granos, como trigo y maíz, con el fin de simplificar los procesos de comercialización.
Por medio de la Resolución 302/2024 del Ministerio de Economía, publicada este viernes en el Boletín Oficial, esa cartera decidió derogar otra Resolución, en este caso de diciembre de 2021.
En aquel momento, el ex ministro de Agricultura Julián Domínguez estableció que la entonces Subsecretaría de Mercados Agropecuarios publicaría los volúmenes de equilibrio para cumplimentar la demanda del mercado argentino correspondientes a los productos de origen agrícola.
El objetivo era evitar que las ventas al exterior de trigo y maíz entorpezcan el normal abastecimiento del mercado interno.
Es que esa medida estableció que las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) a registrar no podrían exceder, en su conjunto, “volúmenes de equilibrio” dispuestos por el gobierno anterior.
Ahora, la administración de Javier Milei consideró “indispensable alinear las políticas de regulación de las actividades vinculadas a la agricultura, la ganadería y la pesca, procediendo a una verdadera desburocratización y simplificación de los procesos en relación al Estado, productores, exportadores e importadores”.
“En atención al cambio de autoridades recientemente acaecido en todos los planos de la Administración Pública Nacional, y a las nuevas políticas públicas delineadas a efectos de un reordenamiento integral de la producción en general y de la reformulación de muchos de los regímenes jurídicos existentes, esbozados en el Decreto N° 70 de fecha 20 de diciembre de 2023, deviene pertinente proceder a una revisión integral de toda la normativa reglamentaria y complementaria dictada en el ámbito de esta cartera relacionada con las actividades agrícolas, ganaderas y de pesca”, abundó el Poder Ejecutivo.
En ese sentido, advirtió que existen “normas vinculadas con regímenes de control, operatividad, distribución, programas y/o de requerimientos de información o de cumplimiento de distintas obligaciones que, con base en el estado actual de nuestra economía en general, han apartado a la Autoridad de Aplicación de tales regímenes de la celeridad que la función pública debe practicar”.