Desde hace casi un mes, Lácteos Verónica atraviesa una crisis que derivó en la paralización total de sus tres plantas industriales ubicadas en Clason, Lehmann y Suardi, en la provincia de Santa Fe. El conflicto, que afecta directamente a unos 700 trabajadores, se profundizó tras reiteradas demoras en el pago de los salarios de abril y la falta total de cancelación de los haberes correspondientes a mayo.
Según informaron fuentes gremiales, aún resta abonar el 7,8% del sueldo de abril, lo que encendió las alertas entre los empleados. En paralelo, la firma tampoco ha emitido definiciones sobre cuándo reactivará la producción o cómo resolverá el pasivo financiero que arrastra desde hace varios años.
Producción en mínimos históricos
Durante los últimos años, la planta operó con un promedio diario de 700.000 litros de leche cruda. Sin embargo, la crisis ha reducido la actividad a niveles casi nulos. La única excepción reciente fue una partida destinada a leche fluida larga vida, procesada hace una semana.
Uno de los focos del conflicto es la deuda que la empresa mantiene con los tambos remitentes: más de 1.500 millones de pesos en cheques rechazados impiden la continuidad del suministro. A esto se suma un pasivo financiero superior a los 8.000 millones de pesos, registrado por el Banco Central de la República Argentina.
La situación genera un quiebre en la confianza de los proveedores, que ahora trabajan con otras industrias en momentos de alta demanda de materia prima.
Gremio sin respuestas del Estado
Ante la falta de avances, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) trasladó el conflicto desde el Ministerio de Trabajo de Santa Fe a la Secretaría de Trabajo de la Nación. Pese a haber celebrado dos reuniones iniciales, no se lograron progresos ni se convocaron nuevos encuentros.
Desde la cartera laboral nacional se emitió un dictamen exhortando a las partes a buscar canales adecuados de diálogo y reforzar sus compromisos para acercar posiciones. No obstante, los trabajadores aguardaban soluciones concretas a través de mecanismos institucionales formales.
En medio de la incertidumbre, trascendió que representantes de la familia Espiñeira –propietaria de la firma– habrían mantenido un encuentro con autoridades del Banco de Santa Fe durante Agroactiva, con el fin de gestionar un crédito que permita paliar la situación financiera.
Dicha instancia se habría producido tras una visita informal de uno de los titulares de la empresa a la planta de Clason, en la que no brindaron explicaciones ni novedades, generando aún más incertidumbre entre los trabajadores.