La Cámara Federal porteña dispuso sustituir las inhibiciones generales de bienes que pesaban sobre ex funcionarios del Banco Nación y empresarios del Grupo Vicentin por embargos preventivos, en la investigación por presunta defraudación millonaria contra la entidad estatal.
La medida alcanza a ex directivos del Banco Nación y a empresarios del grupo santafesino investigados por el otorgamiento irregular de créditos por unos 300 millones de dólares a la cerealera de Santa Fe, dinero que nunca pudo cobrarse.
El tribunal entendió que la inhibición general de bienes contra los acusados “es de carácter excepcional y subsidiario” y ordenó reemplazarla por embargos preventivos cuyo monto deberá fijar el juez de primera instancia, según la responsabilidad de cada uno.
Los jueces del Tribunal de Apelaciones Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, confirmaron además la prohibición de innovar sobre las participaciones societarias de los 26 acusados, cuyas indagatorias ya fueron ordenadas por el juez federal Julián Ercolini.
En la causa se investiga el otorgamiento irregular de créditos millonarios en moneda extranjera a empresas del Grupo Vicentin -entre ellas Vicentin S.A.I.C. y Algodonera Avellaneda S.A.-, el levantamiento de garantías y la omisión de cobros, lo que impidió la cancelación de la deuda del grupo empresario con la entidad, la cual habría alcanzado aproximadamente los trescientos millones de dólares (U$S 300.000.000).
Los empresarios están acusados de haber desistido de pagar los saldos adeudados a sabiendas de que no se les exigiría su cobro; haber solicitado la liberación de los fondos que el banco mantenía en garantía con la certeza de que les serían entregados; y haber omitido la constitución de nuevas garantías, seguros de que tampoco se las reclamarían.
También pidieron nuevos préstamos, en infracción a la normativa vigente.
Finalmente, según la acusación del fiscal federal Gerardo Pollicita, se los acusó de haber retirado “los activos del ámbito de custodia del BNA, recurriendo a la presunta utilización de facturación apócrifa y al giro de fondos al exterior mediante operaciones simuladas, parte de los cuales habrían culminado en cuentas radicadas en paraísos fiscales”.
Entre los imputados están los ex funcionarios del Banco Nación Miguel Ángel Arce, Agustín Pesce y Lucas Llach y empresarios del Grupo Vicentin como Alberto Julián Macua, Máximo Javier Padoan, Daniel Néstor Buyatti, Herman Roberto Vicentin y Roberto Oscar Vicentin.
