El proceso de licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay tendría que superar un nuevo escollo tras conocerse un fallo de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Federal de Rosario donde deja expuestas la cuestión ambiental.
La decisión judicial apunta a un contexto delicado donde los intereses de la agroindustria, principal usuaria de esta vía navegable, parecen enfrentar posibles dificultades legales, a pesar de la complejidad de la legislación ambiental vigente.
La Asociación de Abogados Ambientalistas y la Asociación Civil Unidos por la Vida y el Medio Ambiente fueron quienes solicitaron una medida cautelar para detener el avance de un nuevo paso de navegación autorizado por el Gobierno nacional, bajo la administración de Alberto Fernández.
La intención era que los buques utilizaran un sector del río Paraná, el brazo derecho -habitualmente se utiliza el brazo izquierdo- que da a la ribera de Ramallo (315 y 326 km), lugar turístico conocido como “Paso Las Hermanas” y “Paso Bajo Las Hermanas”, hasta que se realice un estudio de evaluación de impacto ambiental que avale las obras de dragado necesarias para hacer transitable ese tramo.
La causa llegó a la Sala B de la Cámara de Apelaciones de Rosario, quien ahora exigió al Gobierno nacional presentar informes ambientales que justifiquen el dragado que pretende realizarse para el corredor de la Hidrovía, enfatizando que no puede haber licitación ni ejecución de obras sin una evaluación previa adecuada y participativa.
A su vez, evidencia las dificultades que enfrentaría la futura licitación del mantenimiento del curso principal del Paraná, por donde sale el 70 % de las exportaciones vinculadas con el campo.
Los expertos advierten que el actual cuerpo normativo, que incluye leyes sobre diversidad biológica y gestión ambiental, debe ser observado para evitar la judicialización del proceso de adjudicación.
