El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina (INTA) volvió a marcar distancia de la investigación sobre plaguicidas que coordinó Virginia Aparicio en el país. En una nota dirigida al Concejo Deliberante de Balcarce, el organismo recordó la resolución que dispuso su salida del proyecto internacional Sprint y aclaró que las manifestaciones de sus agentes no implican necesariamente un aval institucional.
La comunicación fue enviada por Horacio Berger, director del Centro Regional Buenos Aires Sur del INTA, al presidente del Concejo Deliberante, Agustín Cassini. El funcionario adjuntó una copia de la Resolución 1081/2023, mediante la cual se formalizó la decisión de finalizar la participación institucional en el proyecto.
En la nota, el INTA precisó que las declaraciones que realicen sus agentes a título personal no representan necesariamente la posición oficial de la institución ni implican una validación de sus contenidos. La aclaración se conoció antes de la presentación de Aparicio, prevista para el jueves 15 de octubre en el Concejo Deliberante de Balcarce.
La investigadora expuso los resultados de las mediciones de plaguicidas realizadas en personas, animales y distintos componentes del ambiente. Entre las sustancias analizadas se encuentran glifosato y otros productos fitosanitarios, cuyos nombres y resultados específicos forman parte de los datos del estudio. La presentación se enmarcó en el debate sobre la exposición a estas sustancias y sus posibles efectos sobre la salud humana, animal y ambiental.
Qué es el Sprint
El proyecto Sustainable Plant Protection Transition fue una iniciativa internacional financiada por la Unión Europea que reunió a instituciones científicas de distintos países para estudiar los efectos de los productos fitosanitarios sobre la salud humana, animal y ambiental. A través del análisis de muestras de personas, animales, alimentos, suelos, agua y otros componentes del ambiente, buscó evaluar la exposición a estas sustancias y generar evidencia científica para avanzar hacia sistemas de protección vegetal más sostenibles y reducir los riesgos asociados al uso de plaguicidas.
La posición del INTA frente al estudio
La participación argentina en Sprint se desarrolló bajo la coordinación de Virginia Aparicio, investigadora de la Unidad Integrada Balcarce. Durante el trabajo se recolectaron muestras de personas voluntarias, además de realizarse mediciones en establecimientos rurales, animales y distintos componentes del ambiente.
Las objeciones del INTA se concentraron especialmente en los procedimientos vinculados con las muestras humanas y en el cumplimiento de las condiciones bajo las cuales se había autorizado la participación institucional en el proyecto.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con el alcance de las tareas realizadas. Según los fundamentos de la Resolución 1081/2023, el organismo consideró que determinadas actividades vinculadas con el análisis de muestras humanas y la evaluación de posibles efectos sobre la salud excedían sus competencias técnicas específicas y debían contar con la intervención de especialistas y autoridades del área sanitaria.
Otro de los puntos observados fue el envío de muestras biológicas al exterior para su análisis. El INTA planteó objeciones sobre ese procedimiento y sobre su correspondencia con las condiciones previstas para el desarrollo del estudio en el país. También formuló reparos en relación con la intervención del comité de ética y el acceso a información de los participantes, cuya confidencialidad debía resguardarse.
En la investigación interna que se desarrolló posteriormente también se cuestionaron la entrega de información a las autoridades del organismo, la realización de evaluaciones toxicológicas sin intervención de las autoridades sanitarias y un eventual perjuicio económico para el Estado por las consecuencias de la desvinculación del proyecto internacional.
Aparicio y su defensa cuestionaron esas imputaciones. Según explicó la investigadora, la información que se negó a entregar correspondía a datos personales de los voluntarios que debían mantenerse confidenciales; el envío de las muestras al exterior respondía al protocolo de Sprint, y ella no había realizado los análisis toxicológicos que se le atribuían. Por lo tanto, existen diferencias entre la interpretación institucional de los procedimientos y la explicación que dio la investigadora sobre su actuación.
La resolución del INTA también estableció una distinción importante: no formuló observaciones sobre los análisis realizados en animales, suelos y aguas, por considerar que esas actividades se encontraban dentro de las competencias del organismo.
El 7 de diciembre de 2023, el Consejo Directivo resolvió finalizar la participación institucional en Sprint. La decisión se produjo después de que, meses antes, se hubiera indicado a Aparicio que suspendiera una presentación pública de los resultados.
La controversia se profundizó porque los datos difundidos por los responsables del proyecto mostraban la presencia de residuos de plaguicidas en muestras humanas y ambientales.
Mientras sectores críticos del uso de agroquímicos reclamaron que se conocieran los resultados, desde otros ámbitos se plantearon dudas sobre la metodología, la representatividad de las muestras y el alcance de las conclusiones que podían extraerse de ellas.
Así, la discusión reúne dos cuestiones que deben analizarse por separado: si los procedimientos administrativos, éticos y técnicos se ajustaron a las condiciones autorizadas, y qué conclusiones científicas permiten establecer las mediciones realizadas.
La desvinculación institucional del INTA no equivale, por sí sola, a demostrar que todos los resultados del estudio sean inválidos.
Del mismo modo, la detección de residuos en las muestras no permite determinar automáticamente sus efectos sobre la salud de toda la población.