La sindicatura coincidió en descartar el escenario de “homologación o quiebra” planteado por Grassi S.A. y sostuvo que, si su propuesta no es homologada, corresponde evaluar la presentada por Molinos Agro y LDC Argentina. La conclusión surge de dictámenes divergentes elevados al juez Fabián Lorenzini, publicó el portal SL24.
La mayoría de la sindicatura, integrada por Carlos Amut y Ernesto García, se pronunció a favor de abrir el análisis de las impugnaciones presentadas por Molinos Agro y Louis Dreyfus Company (LDC) contra los acreedores computados en la propuesta cramdista. Ambos señalaron que “no puede avanzarse hacia la homologación sin despejar las dudas sobre la validez de las mayorías” y advirtieron que el criterio del “primero que llega” no reemplaza el control legal obligatorio.
En su presentación conjunta, Amut y García rechazaron el planteo binario de Grassi y afirmaron que, si tras revisar crédito por crédito se concluye que no hubo mayorías legítimas, “resulta razonable analizar si el otro concurrente logró reunirlas dentro del plazo legal”. Además, reconocieron la legitimación activa de LDC-Molinos para impugnar y remarcaron que avanzar sin producir prueba “podría afectar el derecho de defensa y derivar en futuras nulidades”. Entre los puntos cuestionados mencionaron presunto tráfico de votos y vínculos societarios, especialmente en el caso de Avir South S.A.R.L.
En disidencia, el síndico Diego Telesco aconsejó rechazar todas las impugnaciones y avanzar directamente hacia la homologación de la propuesta de Grassi. Sostuvo que “no existe impedimento legal para que un acreedor cramdista vote su propia propuesta” y que las causales de exclusión previstas en la Ley de Concursos y Quiebras son taxativas y no aplicables al caso. También relativizó las objeciones económicas al considerar que las categorías afectadas representan una porción marginal del capital computable.
Con dos síndicos impulsando la apertura a prueba y uno avalando la homologación inmediata, el expediente suma complejidad jurídica, aunque con un punto en común: el riesgo de quiebra quedó descartado. La definición final ahora queda en manos del juez Lorenzini, quien deberá establecer el camino procesal para resolver una de las causas concursales más relevantes del país.
