El diputado nacional Eduardo Toniolli analizó el impacto que el escenario recesivo actual está teniendo en la actividad agropecuaria. El dirigente del peronismo consideró que pueden profundizarse “la pérdida de unidades productivas de pequeños y medianos productores” y citó la caída en la producción de maquinaria agrícola, como “una señal de lo que se viene”. Frente a eso, pidió que el gobierno provincial instrumente “medidas contracíclicas” y anunció que trabaja en el Congreso para que se apruebe el proyecto que habilita a las provincias productoras de soja a recibir el 10% de los recursos recaudados por Nación en concepto de derechos de exportación de soja y sus derivados”.
—¿Cómo pensás que impactan en el agro las políticas de Milei?
—Toda la política de Milei, desde diciembre hasta ahora, apunta a llevar a la Argentina a un escenario recesivo, no como resultado de alguna impericia o de una especie de mala praxis en la gestión económica, sino por una clara decisión política del gobierno nacional de llevarnos allí. Hace unos días Alfonso Prat Gay señaló que estamos en las puertas de una hiper recesión, y hay que decir que si esto sucede, la actividad agropecuaria -que es el sector más dinámico de la producción- va a sufrir un parate muy fuerte.
—¿Cómo se va a sentir ese parate?
—Algunas tendencias observadas en las últimas décadas, como la concentración y la pérdida de unidades productivas de pequeños y medianos productores, lamentablemente se van a profundizar si esa crisis se desata con toda su fuerza. La industria está sufriendo una retracción de la demanda y del consumo, y la agroindustria no es la excepción. Las últimas mediciones señalan que la producción industrial de maquinaria agrícola sufrio un descenso del 49% interanual, lo cual es claramente una mala señal de lo que viene.
—¿Cómo analizás las politicas productivas de la provincia en relacion con el diseño económico de Milei?
—En este marco, la política productiva provincial debería ser contracíclica, instrumentando medidas que permitan a las empresas protegerse. Además, debería abocarse al fomento de cadenas productivas de agregado de valor que incorporen ciencia y tecnología a la producción primaria o generando herramientas que aporten -por ejemplo- previsibilidad a la producción y fomenten el cuidado ambiental (como lineas de microseguro, sistemas paramétricos o el desarrollo de sistemas de riego a escala y reutilizacion de desechos agrícolas), y acompañe sobre todo al productor en riesgo en un escenario crítico como este. También el Estado provincial debe hacer los mayores esfuerzos para garantizar la obra pública en el desarrollo de infraestructura destinada al sector productivo (extensión de la conectividad vial y de las comunicaciones, expansión energética, entre otras áreas).
—¿Eso implica aceptar los recortes del gobierno nacional? ¿Cómo se pueden reemplazar esos fondos?
—Eso no significa resignarse a aceptar mansamente la política de “obra pública cero” que promueve el gobierno nacional. Muy por el contrario: paralelamente, nosotros seguimos bregando en el Congreso Nacional por la aprobación de una iniciativa que presentamos a principios de 2023, y establece la creación de un Fondo Federal Devolutivo que, con una lógica similar a la que existe en materia de hidrocarburos (donde cada provincia petrolera recibe un 15% de regalías por la producción de petróleo y gas), permitiría que las provincias productoras de soja reciban el 10% de los recursos recaudados por Nación en concepto de derechos de exportación de soja y sus derivados, y que esos recursos se destinen fundamentalmente a infraestructura y a políticas productivas.
