El gobierno nacional finalmente tuvo que dar marcha atrás a la decisión de las dos cámaras del Parlamento, que rechazaron por amplia mayoría la iniciativa del Ejecutivo de reestructurar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y le devolvió la autarquía.
Mediante el decreto 627/2025, publicado en el Boletín Oficial, se restituye todas las facultades no solo al mencionado organismo, sino a una larga lista de dependencias e institutos sobre los cuales la administración de Javier Milei había puesto el foco para intervenirlas.
El primero de los artículos del decreto establece: “Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por los Decretos Nros. 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25 y que se encontraban vigentes al momento del dictado de cada uno de los mencionados decretos”.
La denominada “reestructuración” impulsada principalmente por las carteras de Hacienda y Desregulación a cargo de Luis Caputo y Federico Sturzenegger, implicaban la pérdida de autonomía financiera y de toma de decisiones en el INTA; la eliminación del Consejo Directivo para transformarlo en un mero grupo de referentes sin poder vinculante; un drástico recorte en el staff técnico; y la venta de activos, como campos y edificios.
El articulado también establece que “hasta tanto se perfeccionen las modificaciones presupuestarias y demás medidas necesarias para permitir la plena operatividad de los organismos afectados por las disposiciones de los Decretos Nros. 345 del 21 de mayo de 2025, 351 del 22 de mayo de 2025 y 461 y 462, ambos del 7 de julio de 2025, los servicios administrativos financieros y los servicios jurídicos permanentes de la Jefatura de Gabinete de Ministros, de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación y del Ministerio de Economía prestarán transitoriamente y cuando sea necesario los servicios relativos a la ejecución presupuestaria, contable, financiera, de compras, de recursos humanos, control interno y en materia jurídica, de representación y patrocinio en sede judicial”.
La decisión del Parlamento también alcanza al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto de Vitivinicultura, el Instituto de Semillas y el Instituto de Agricultura Familiar, entre otros organismos.
El propio Gobierno se había manifestado la intención de ir a la Justicia frente al revés parlamentario, pero finalmente, y como lo expresa en un fragmento de los considerandos, se optó por dejar las cosas como antes.
Al menos por ahora, la pretendida incursión sobre el INTA y los demás organismos queda archivada, y se evaporan los temores sobre la continuidad de convenios e investigaciones en curso de vital importancia para el agro, cosa que, en definitiva, es lo que realmente importa y la finalidad para lo que fueron creados.