Las entidades gremiales que representan a los productores agropecuarios santafesinos rechazaron la medida impulsada por el jefe comunal de la localidad de Sancti Spiritu, Cristian Vincenti, para la creación de una tasa para empresas de transporte de cargas.
La disposición comunal establece que se gravará con el 1% de la facturación total al transporte con origen de la carga en esa localidad santafesina.
“La misma se aplicará a todos los transportistas con domicilio fuera de la localidad de Sancti Spiritu”, señalaron desde el municipio.
El jefe comunal Vincenti también dispuso que los agentes de retención serán quienes contraten los servicios, impone como mínimo un equivalente a 5 litros de gasoil y establece que deberá hacerse efectiva al momento de abonar los servicios de carga. “En caso de detectarse incumplimiento, se aplicará una multa de 300 litros de gasoil mensuales hasta el efectivo ingreso del importe”, advirtieron desde la comuna.
La reacción de los productores santafesino fue inmediata. A través de un comunicado titulado “Al borde de la ilegalidad” y que lleva las firmas de Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe); Sociedad Rural Argentina (SRA); Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro, los ruralistas expresaron su rechazo a esta decisión.
En el comunicado plantean, en primer lugar que el municipio tomó una decisión que “sobrepasa los límites constitucionales”, sin tomar en consideración las leyes vigentes, la situación actual y el marco de Emergencia Agropecuaria que todavía sigue vigente en Santa Fe. “La denominada tasa, en realidad constituye un impuesto distorsivo que afecta negativamente a los contribuyentes”, advirtieron.
En este sentido, recordaron que la comuna carece de facultades para imponer impuestos, de acuerdo a las Ley N°2.756 “Orgánica de Municipalidades y Comunas” y la Ley N° 8.173 “Código Tributario Municipal”, ambas de la provincia de Santa Fe.
“Está claro que la medida dista considerablemente de constituir un servicio público”, agregaron. En este punto, llamaron a las autoridades de Sancti Spiritu a desempeñarse “dentro del marco legal” y que los gravámenes públicos sean proporcionales a los servicios prestados.