El impedimento para la toma de créditos a tasa subsidiadas para los productores agropecuarias que retengan más del 5% de la soja cosechada llevó al gobierno provincial de Santa Fe al que luego se sumó el de Córdoba, llevó a sus autoridades a reclamar ante el Banco Central que se deje sin efecto la Comunicación “A” 7931 que impide el acceso a dicha financiación.
Los ministros de Economía y de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Pablo Olivares y Gustavo Puccini enviaron una nota al titular del BCRA, Santiago Bausili en la cual solicitan que se deje sin efecto la Comunicación “A” 7931 que vence a fines de junio -que prorrogó en diciembre último la “A” 7720 de marzo de 2023- porque la misma genera “efectos colaterales nocivos” para la actividad económica provincial, informó el portal La Política Online.
Esta disposición del BCRA, que establece condiciones a las tasas de interés en las operaciones de crédito, fue fijada durante el gobierno anterior ante el bajo nivel de liquidación de por parte del sector agrícola y en un contexto de escasez de divisas.
Pese al cambio de gobierno y de las promesas de Javier Milei de modificar de raíz la política monetaria, el BCRA continuó con la medida y la prorrogó el 28 de diciembre de 2023 hasta el 30 de junio de 2024.
La misma establece que aquellos productores que retengan un 5% o más de soja no podrán acceder a tasas de interés bonificadas, de manera de incentivar las liquidaciones de dólares y considerando que el productor estaba ávido de financiamiento a bajo costo para enfrentar la crisis generada por la sequía.
Sin embargo, para las provincias que en conjunto concentran la mayor producción sojera y la industria de maquinaria agrícola del país, el escenario cambió. Por caso, los ministros Olivares y Puccini, señalaron en el texto que, si la comunicación del BCRA no se deja sin efecto a su vencimiento, “se restringe el acceso a los productores a líneas de financiamiento con algún tipo de promoción, aumentando el costo del financiamiento bancario y distorsionando el funcionamiento de los mercados”, una frase que con sutileza pone incómodo al gobierno libertario que hace de la doctrina de mercado un dogma, detalló La Política Online.
La industria de la maquinaria agrícola también viene pulseando por la eliminación de esta resolución, porque retrae la decisión del productor de invertir en bienes de capital, en un contexto en el cual el sector está atravesando por una crítica situación. En marzo de este año el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) indicaba que este rubro manufacturero había experimentado una caída del 70% interanual.
Fabricantes de maquinaria agrícola: el mismo reclamo
El presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma), el rosarino Enrique Bertini -titular de la empresa de sembradoras homónima- indicó que desde el sector “venimos batallando” para eliminar esa norma del BCRA. Reconoció que fue adoptada en un momento de alta inflación, en el que las tasas tenían un subsidio muy alto y con la intención de que no sea el gobierno el que haga todo el esfuerzo fiscal mientras los productores retenían la mercadería.
La industria de la maquinaria agrícola también viene pulseando por la eliminación de esta resolución, porque retrae la decisión del productor de invertir en bienes de capital, en un contexto en el cual el sector está atravesando por una crítica situación. En marzo de este año el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) indicaba que este rubro manufacturero había experimentado una caída del 70% interanual
Sin embargo, para Bertini “hoy la situación económica es otra”, dijo. A su juicio, en el gobierno anterior los bancos financiaban al Estado y éste les pedía que hicieran lo propio a tasas bonificadas con el sector productivo. “Eso cambió radicalmente”, dijo y por eso “no tiene sentido castigar al que quiere tomar créditos porque tenga soja”, señaló el industrial que es un férreo defensor de las políticas productivas. “Es como castigar al que produce madera porque tiene madera”, planteó.
Para justificar su posición, Bertini explicó que el 2023 fue “un año nefasto” para el productor, donde nadie pudo comprar nuevos equipos y ni siquiera reparar los que tenía, con lo cual hoy el financiamiento en muchos casos es para sanear la situación financiera, afectada por la peor sequía en 60 años. “Muchos se endeudaron para pagar insumos y alquileres”, recordó y eso derivó en una nula inversión en bienes de capital como son las maquinarias.
“Si la resolución del BCRA no se renueva, tenemos expectativa de que los créditos tan accesibles que se ofrecieron en Agroactiva se moneticen”, dijo en referencia a la abultada oferta crediticia que lanzaron los bancos con tasas de entre el 22% y 17% anual, pero con importantes subsidios de los gobiernos provinciales, que en el caso de Santa Fe reducían el interés al 10%.
En la mega muestra a campo, la segunda en tamaño del país pero la más numerosa en cuanto a disponibilidad de maquinaria, se observó un leve repunte porque, incentivados por medidas como la baja de los fertilizantes para el trigo, los productores decidieron sembrar más cereal y “eso generó más ánimos y consultas”, dijo el industrial.
Teniendo en cuenta que se trata de un sector clave para la economía santafesina y cordobesa, los gobiernos de estas provincias no quieren dejar pasar un atisbo de reactivación industrial porque el productor no puede tomar créditos.
Tanto desde el sector privado como público consideraron que en un contexto macroeconómico inestable y con endeudamiento de arrastre, el productor argentino guardó soja como reaseguro más que como especulación, como lo hace cualquier empresario cuando maneja con sintonía fina su stock.
“El productor está parado sobre tres variables fundamentales como son el tipo de cambio, los precios internacionales y las retenciones y hasta ahora no obtuvo los beneficios que esperaba en ninguna de ellas”, resumió el titular de Cafma. Por eso discontinuar la resolución del BCRA sería una variable que permitiría reactivar la actividad.
“El campo necesita un gesto y uno sería sacar esta medida”, planteó el ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso, quien luego de la nota de Santa Fe, envió también la suya al BCRA con el mismo reclamo.
