La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) advirtió que 120.000 puestos de trabajo están en riesgo en el campo ante el vencimiento del régimen de compatibilidad entre el trabajo rural temporario y los planes sociales.
El gremio que nuclea a los trabajadores rurales expuso que el Gobierno no prorrogó el Decreto 514/2021, que habilitaba la complementariedad entre las políticas de protección social y el acceso al trabajo registrado. La norma venció el pasado 1º de septiembre.
Previo a que caduque el régimen, la UATRE había solicitado de manera “urgente” la prórroga de dicha compatibilidad, mediante una carta enviada por su secretario general, José Voytenco, a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el 18 de agosto.
Sin embargo, el sindicato informó que “hasta el momento, el Gobierno nacional no ha respondido ni ha dispuesto su extensión” y alertó que “esta situación pone en riesgo inmediato a 120.000 puestos de trabajo rural en todo el país y, con ellos, a las familias”.
Al destacar el impacto de la norma, sostuvo que “la experiencia de los últimos años demostró que este mecanismo es fundamental” al remarcar que “permite que el trabajador rural acceda a un empleo registrado durante las campañas agrícolas sin perder automáticamente la red de contención de la que depende su grupo familiar”.
Ante la incertidumbre por la renovación, UATRE señaló que “su discontinuidad genera el efecto contrario al que se busca: desalienta la formalización, dificulta la cobertura de trabajo local y afecta directamente a las economías regionales”.
En este marco, denunció “la negligencia del Estado al no considerar el impacto de esta decisión sobre toda la cadena productiva: los trabajadores y sus familias, los empleadores del sector agropecuario y la producción general”.
Además, expresó que “las políticas sociales no deben convertirse en una barrera para el acceso al trabajo registrado, sino en una herramienta que acompañe la transición hacia el empleo formal y brinde previsibilidad a trabajadores, productores y comunidades”.
En esa línea, el gremio indicó que “la promoción del trabajo registrado y la protección social de los trabajadores rurales contribuyen al fortalecimiento de las economías regionales, al desarrollo de sus capacidades productivas y exportadoras, y a la sostenibilidad de las próximas campañas agrícolas”.
Hasta ahora, durante el trabajo temporario, los trabajadores podían seguir cobrando los beneficios sociales que recibían antes de ser contratados, como Asignaciones Familiares, Tarjeta Alimentar y Potenciar Trabajo. Los empleadores, por su parte, accedían a una reducción de las contribuciones patronales.
La medida fue promovida originalmente por la administración de Alberto Fernández en 2021 por dos años y renovada en 2023 por el mismo tiempo. En octubre del 2025, la gestión de Javier Milei la extendió por un año hasta septiembre de este año. En esa oportunidad también demoró la decisión.