La industria vitivinícola de la región cuyana está alborotada tras un fallo que ordenó pagar 16 millones de dólares a una conocida empresa ante incumplimiento en la provisión de mosto a una compañía internacional.
La sentencia responsabiliza a EcoGreen International LLC, a su titular Marcelo Bocardo y a Jugos Australes S.A., por el “perjuicio ocasionado”, y les ordena pagar más de 16.000.000 de dólares a la empresa Iberte.
El fallo además alerta el frente judicial para la cámara Fecovita, ya que marca un precedente por la similitud de la causa en otros juicios.
La Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributario de Mendoza ratificó el laudo arbitral en el litigio entre Iberte y EcoGreen International LLC, empresa de Marcelo Bocardo.
El fallo establece que los codemandados -EcoGreen, Jugos Australes S.A. y Bocardo- deben responder solidariamente ante Iberte por la suma de U$S 12.195.750, más intereses desde la mora, suma que actualmente supera los 16.000.000 de dólares.
Con esta sentencia, la justicia confirma que existió un “incumplimiento contractual esencial por parte de EcoGreen y de Bocardo, al no cumplir con la entrega del producto acordado (mosto concentrado) pese a haber recibido el pago correspondiente por parte de Iberte”.
Qué alega Bocardo
Por su parte, Bocardo sostuvo en su recurso, sin éxito, que Jugos Australes S.A. fue “garante” en un contrato entre dos entidades jurídicas, una Iberte y por el otro lado Eco Green intarnational LLC, “dos empresas del exterior que hicieron un contrato de financiamiento y que Jugos Australes garantizó” y que “Jugos Australes no fue proveedor de mosto concentrado de Iberte”.
Qué dice el fallo
En su fallo, la Cámara destaca, siguiendo el Laudo arbitral, que el vínculo entre las empresas fue un contrato de compraventa internacional de mosto, señalando también que Iberte “no actuó como un mero inversor sin riesgo, sino como parte contratante que cumplió con su obligación y se vio privada de lo que legalmente correspondía”. En ese sentido, la sentencia establece claramente que Iberte fue perjudicada y que la obligación debe resarcirse.
De hecho, la imposición de la garantía prendaria sobre las acciones de Bocardo refuerza la dimensión de la responsabilidad personal, y no sólo empresarial, en el incumplimiento.
El tribunal coincidió con el planteo de Iberte al considerar que la falta de cumplimiento en la entrega de productos cuyo pago se había acreditado, generó el daño que ahora deberá ser indemnizado.
“Más allá de ratificar el daño ocasionado por Marcelo Bocardo y sus implicancias penales, con esta sentencia, la Justicia mendocina envía un mensaje claro: cuando se pacta una obligación, su incumplimiento sistemático configura más que una mera mora; la responsabilidad puede alcanzar al deudor principal, a los garantes y a los que se benefician de la articulación societaria que rodea el contrato. En este caso, Bocardo y sus sociedades quedan señalados como responsables del perjuicio ocasionado a Iberte, y deberán pagar una suma que, con intereses, calculamos en más de US $ 16.000.000”, dijo Carlos Aguinaga, abogado de Iberte.
En tanto, Retamero, entonces apoderado de Iberte, anunció que todo lo que se obtenga de los juicios por recupero de sumas abonadas sin que se entregara producto (Fraccionadora San Juan, Jugos Australes, Bodegas Galán y Fecovita) será destinado, a través de una fundación, a proyectos de bien público.
Juan José Retamero, titular de Aisa Group, destinará el 100% de los fondos recuperados – más de USD 16 millones- a una inversión sustentable cuyo rendimiento y capital se volcarán íntegramente a obras de bien público en Argentina a largo plazo. El impacto total de esta iniciativa podría superar los USD 60 a 80 millones.
“Queda pendiente aún la causa penal contra Marcelo Bocardo, que ya ha sido elevada a juicio, representando esta sentencia una fuerte confirmación del daño producido por él”, explicó por su parte el abogado Aguinaga.
Prohibiciones vigentes
Por esta causa, y a partir del laudo de primera instancia, la justicia ordenó el embargo preventivo de la planta de mosto de Jugos Australes y la Bodega de esa empresa en Rivadavia, Mendoza.
Además, también se ordenaron embargos preventivos sobre ingresos por exportaciones pendientes de Jugos Australes y cuentas bancarias que los demandados pudieran tener en EEUU.
Asimismo, y como derivación de investigaciones originadas en los incumplimientos de las empresas de Marcelo Bocardo, se ha iniciado sumario penal cambiario por parte del BCRA.
Por su parte, Bocardo, en forma personal, ha sido imputado por el delito de desbaratamiento de empresa y tentativa de estafa procesal (con uso de documento falso), por maniobras realizadas intentando evitar el pago de sus deudas, causa que ya ha sido elevada a juicio por la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público Fiscal. El empresario tiene prohibida la salida del país e inclusive de la provincia de Mendoza.
La relación con Fecovita
Este fallo adquiere un valor de antecedente muy significativo si se lo vincula con el conflicto judicial que actualmente enfrenta Fecovita con Iberte, según explicaron fuentes cercanas a la causa a la Agencia NA.
En el expediente que tiene como contraria a Fecovita, Iberte denunció que fue engañada para conformar una sociedad (EVISA) y así lograr que Iberte aportara capital en más de U$S 30.000.000 y, como contrapartida, Fecovita no cumplió con las obligaciones de entrega de vino, mosto y aportes societarios de la Bodega Resero.
Las imputaciones por estafa contra los directivos y ex directivos de Fecovita Rubén Panella, Eduardo Sancho, Jorge Irañeta y Juan Ángel Rodríguez, lo confirman: la Fiscalía de Delitos Económicos de Mendoza acusa un plan engañoso con abuso de confianza, simulación de aportes, incumplimiento y desvío de fondos. Sumado a ello, también los miembros de la Mesa Directiva de la Federación y su sindicatura han sido imputados por el delito de balance falso.
“La analogía con el caso de Bocardo-Jugos Australes-EcoGreen no es casual: en ambos casos se observa la entrega de recursos o capital por parte de un contratante (Iberte) que luego no recibió lo pactado; en ambos hay contratos que, más allá de la forma, terminan siendo de facto un compromiso de pago que no se cumple; y en ambos se ejercen garantías o sociedades como pantalla de un negocio que no se ejecuta como previsto”, explica Aguinaga.
“En definitiva, el fallo de Cámara en el caso Bocardo refuerza la lógica jurídica que en el caso Fecovita-Iberte podría derivar también en condenas civiles y penales, pues se perfila como un mismo patrón: incumplimiento serio, daño a la parte inversora y responsabilidad de los dirigentes. Lejos de ser un ‘modus operandi’ de Iberte, como lo han sostenido en forma conjunta Bocardo y la Mesa Directiva de Fecovita, ha resultado ser un ´modus operandi´ de estos empresarios vitivinícolas inescrupulosos: cobrar y no entregar”, dijo el abogado penalista.