El Censo Agropecuario Nacional difundido durante una entrevista en LT10 por el vicepresidente de la Federación Agraria Argentina, José Luis Volando, el país registra la pérdida sistemática de un productor cada dos horas en una línea histórica que se extiende desde la década de 1990 hasta la actualidad. A principios de esa década existían casi 400.000 productores en el territorio nacional, mientras que en el presente la cifra se sitúa escasamente en los 200.000. Esta dinámica afecta de manera directa a las familias rurales y consolida un modelo centrado en empresas de mayor envergadura.
La transformación de la estructura agraria en la Argentina refleja una marcada paradoja entre el incremento en la cosecha de granos y la constante reducción de sus explotaciones agropecuarias.
El impacto de esta contracción recae principalmente sobre el eslabón más débil del sector productivo, compuesto por unidades pequeñas y medianas de entre 50 y 200 hectáreas. Frente a crisis económicas o inclemencias climáticas, la falta de liquidez obliga a estos agricultores a abandonar la actividad o alquilar sus campos, los cuales terminan absorbidos por competidores de gran escala o firmas aceiteras. “En esta cuestión el pescado grande se va comiendo al chico”, graficó Volando al detallar que el mayor peligro de acaparamiento no proviene del capital extranjero -que representa entre el 6% y el 7% del territorio-, sino del avance progresivo de grandes actores locales sobre parcelas heredadas o divididas.
La elevada barrera de inversión tecnológica constituye otro de los factores determinantes en el desplazamiento de las explotaciones familiares. La adquisición de maquinaria básica requiere montos desproporcionados frente a la escala de producción tradicional, como la compra de un tractor valuado en 150.000 dólares que equivaldría a vender la mitad del rodeo de un tambo mediano. Para subsistir y evitar la venta del inmueble, los pequeños productores se ven forzados a prestar servicios a terceros, sumar actividades secundarias como la crianza de aves o recurrir a ingresos externos al establecimiento. Ante este escenario, la entidad gremial reclama el diseño de líneas de crédito accesibles similares a las hipotecarias para equipar el campo.
Más allá de la dimensión económica, la desaparición del productor familiar conlleva un deterioro en la preservación de los recursos naturales y en el arraigo territorial. Quienes habitan y trabajan en su propia tierra aplican esquemas de rotación de cultivos más estrictos y escrupulosos debido a su presencia física constante y a la necesidad de mantener la productividad en el tiempo. Por el contrario, la gestión extensiva a cargo de grandes grupos tiende a priorizar el resultado financiero inmediato sobre la conservación a largo plazo del suelo. “El pequeño y mediano productor es más cuidadoso porque está físicamente ahí y al año que viene tiene que volver a sembrar”, enfatizó el dirigente.
La crisis de escala se manifiesta con especial crudeza en la actividad lechera, cuya producción global se mantiene estancada entre los 10.000 y 11.000 millones de litros anuales en los últimos quince años a la par de una severa concentración de tambos. Este fenómeno se combina con la caída del consumo interno y la acentuación de las distorsiones de precios a lo largo de la cadena comercial. Mientras el tambero percibe cerca de 500 pesos por litro en el eslabón primario, el consumidor final abona hasta 2.500 pesos en los centros urbanos. “Lamentablemente en el medio de la cadena hay gente que negocia mejor y perjudica tanto al productor que entrega la producción como también al consumidor”, concluyó Volando.