La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) oficializó la reducción del 20% en las tarifas máximas de practicaje y pilotaje, que forma parte del acuerdo con el sector para desactivar el paro en los puertos que rechazaba la desregulación de la actividad.
La medida fue formalizada mediante la Resolución 46/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, como parte de los puntos acordados para descomprimir el grave conflicto que paralizó la actividad fluvial y marítima del país en los últimos días.
La normativa operacionaliza técnicamente el descuento acordado. La quita del 20% se aplicará directamente sobre el resultante de los cálculos del “Régimen de Tarifas Máximas” que regía desde el año 2018.
Tanto la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje como la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante expresaron formalmente su conformidad con el recorte arancelario en el marco del acuerdo general.
La rebaja tarifaria entra en vigencia inmediatamente y tendrá validez de forma provisoria, estrictamente mientras dure la suspensión temporal de la reforma del practicaje dispuesta por el Ejecutivo nacional.
La tensión en el sector portuario se originó a partir de la desregulación del reglamento del practicaje vigente desde 1991, a través del Decreto 690/2026, impulsado por el ministro Federico Sturzenegger. Allí se eliminaban regulaciones consideradas obsoletas, con el argumento de remover barreras y facilitar la incorporación de nuevos prestadores.
Sin embargo, la entrada en vigencia de esta reforma regulatoria fue rechazada de plano por los prestadores del servicio, quienes iniciaron medidas de fuerza que pusieron en jaque el normal funcionamiento del transporte fluvial y el comercio exterior.
Ante el riesgo de una paralización mayor, el Gobierno suspendió de manera temporal los efectos de la reforma y restituyó el marco regulatorio anterior para garantizar la continuidad del servicio esencial de practicaje, mediante el Decreto 716/2026.
Así surgió de una negociación coordinada por el Ministerio de Seguridad Nacional, donde las partes pactaron reanudar el servicio de forma regular a cambio de suspender la desregulación, crear una mesa intersectorial permanente para consensuar un nuevo reglamento y aplicar una baja inmediata del 20% en los aranceles de practicaje.