El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, defendió el trabajo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) para sostener su financiamiento y criticó el funcionamiento de la Obra Social de Peones Rurales (OSPRERA).
En el tradicional discurso de apertura de la 138 Exposición Rural, Pino fijó la postura de la entidad respecto al rol del IPCVA en medio de la eliminación del aporte obligatorio de los productores que busca la administración de Javier Milei y sobre la crítica situación de la obra social de los trabajadores del campo.
Al realizar un repaso de la actividad de la entidad, el dirigente agropecuario resaltó que la rural trabaja de manera conjunta con asociaciones, participa en ferias y congresos internacionales y tienen un rol activo en distintas áreas gubernamentales.
Al respecto, puntualizó que “hemos estado muy de cerca en áreas de gobierno como Cancillería, Agricultura y Ambiente para demostrar que el sistema productivo argentino es competitivamente superador con respecto a sistemas como los de Estados Unidos, China y la Unión Europea, de modo de garantizar nuestro acceso sin restricciones a cualquier mercado”.
En este marco, destacó especialmente la cooperación en el instituto de la carne al señalar que “participamos dentro del IPCVA en su tarea de abrir mercados al mundo consolidando al mismo tiempo el consumo local”.
Con respecto al panorama actual de cobertura médica rural, Pino precisó que “seguimos conversando con la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) por un tema que nos preocupa y nos ocupa: el sistema de salud de los trabajadores del campo OSPRERA está en grandes dificultades”.
Sobre este aspecto, manifestó que “los productores y trabajadores rurales aportamos a ese sistema de salud pero no recibimos hoy la contraparte del servicio médico”, cuestionando que “es absurdo y preocupante que tengamos que buscar refugio en otras obras sociales teniendo la nuestra o lo peor: a veces quedar abandonados a la buena de Dios”.
La obra social de los empleados rurales permanece intervenida en medio de investigaciones judiciales por presunta administración fraudulenta, irregularidades y desvíos millonarios, que incluso salpican al Gobierno nacional.
En este contexto, atraviesa un grave deterioro económico y financiero, con una deuda superior a los $45.000 millones con hospitales públicos y presenta constantes dificultades para cumplir con el servicio de salud para sus afiliados.