La industria aceitera y los productores de biodiésel aumentaron la presión para que el Senado avance con el tratamiento del nuevo marco regulatorio para los biocombustibles. A través de una comunicación conjunta, CIARA, el CEC y CARBIO consideraron prioritario que la Cámara alta emita dictamen y dé impulso al proyecto presentado por la senadora Patricia Bullrich.
Uno de los principales planteos de la industria es llevar el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil hasta el 12,5%, por encima del 10% contemplado actualmente en la iniciativa legislativa. El argumento empresario es que, bajo las condiciones actuales, el biodiésel puede resultar competitivo frente al gasoil importado.
La propuesta forma parte de una discusión más amplia sobre el futuro del mercado argentino de biocombustibles, que enfrenta a grandes compañías agroindustriales con las pequeñas y medianas plantas que actualmente abastecen buena parte de la demanda interna. El proyecto de Bullrich propone avanzar hacia un esquema de mayor competencia y modificar progresivamente el régimen vigente.
Para las entidades que representan a la industria aceitera y a los grandes productores de biodiésel, incrementar el corte no necesariamente implicaría un costo adicional para el Estado.
El razonamiento es que un mayor consumo interno de biodiésel generaría una demanda adicional de aceite de soja como materia prima. Ese incremento de la demanda podría traducirse, según la industria, en mejores precios para las exportaciones argentinas de aceite de soja.
“Vemos viable subir el corte al 12,5% dado que hoy existen precios competitivos contra el gasoil importado”, sostuvo Luis Zubizarreta, presidente de CARBIO, al plantear la posición del sector.
El directivo también señaló que una mayor utilización de biodiésel permitiría avanzar hacia un mercado con libre competencia a partir de 2030, en un plazo que la industria considera razonable.
El planteo empresario también busca poner en valor las inversiones realizadas por el sector durante las últimas décadas.
Según CARBIO, la industria realizó fuertes inversiones y generó más de 30.000 puestos de trabajo. Desde esa perspectiva, las entidades sostienen que una nueva regulación debería promover simultáneamente competencia, inversión, producción y empleo, pero también generar beneficios concretos para los consumidores mediante una reducción del precio del biodiésel.
La posición de CARBIO coincide con el respaldo expresado por CIARA y CEC al proyecto de Bullrich, aunque el debate legislativo está atravesado por fuertes diferencias con las empresas pymes que actualmente producen biodiésel para el mercado interno. Esas compañías cuestionan que la apertura de la competencia permita el ingreso de grandes empresas integradas del complejo agroexportador y advierten sobre el impacto que podría tener sobre sus plantas y puestos de trabajo.
Con el proyecto todavía en tratamiento, las cámaras empresarias consideran que el Senado debe convertirse en el ámbito para alcanzar una definición regulatoria que permita establecer las reglas del mercado para los próximos años.
La iniciativa contempla, entre otros cambios, elevar el corte obligatorio de biodiésel del 7,5% al 10% y avanzar progresivamente hacia un mercado más abierto. El planteo de CIARA y CARBIO busca ir incluso un paso más allá, llevando ese porcentaje al 12,5%.
El debate tiene una dimensión que excede al mercado de combustibles: involucra directamente a la industria aceitera, las exportaciones de aceite de soja, las empresas de biodiésel, las refinerías y las economías regionales donde están radicadas las plantas.
En ese escenario, la discusión que llega al Congreso no es solamente cuánto biodiésel deberá mezclarse con el gasoil. También está en juego quiénes podrán participar del negocio, bajo qué condiciones competirán y cuánto valor agregado podrá generar la cadena de la soja dentro de la Argentina.
Desde CARBIO remarcaron que no existen acuerdos formales con otros sectores empresarios, aunque señalaron que mantienen abierto el diálogo. La expectativa de las entidades es que el tratamiento parlamentario permita encontrar una solución regulatoria que combine mayor competencia, inversión y producción.