La nueva ley de biocombustibles volvió a quedar empantanada en la Cámara de Diputados, dado que en el plenario de las comisiones de Energía y Combustibles, Presupuesto y Hacienda, y Agricultura y Ganadería no logró emitir dictamen el miércoles 28 de octubre, por falta de acuerdo entre el oficialismo y bloques aliados sobre las condiciones de participación de las empresas productoras de biodiésel en el mercado interno.
El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, busca reemplazar la Ley 27.640 y establecer un nuevo marco regulatorio para el sector. La iniciativa eleva el corte obligatorio de bioetanol en las naftas al 15% y el de biodiésel en el gasoil al 10%, además de modificar las condiciones de comercialización y competencia.
El principal punto de conflicto es la posibilidad de que las grandes empresas agroexportadoras y aceiteras, integradas a la producción de soja y biodiésel, puedan abastecer el mercado interno.
Actualmente, ese segmento está reservado a las pymes que elaboran el biocombustible para las petroleras.
Las pymes advierten que la apertura podría reducir su participación en el negocio, mientras que las grandes compañías sostienen que su incorporación permitiría ampliar la oferta y contribuir a reducir los costos del gasoil.
Unos reclaman modificaciones y otros no
En Diputados, los legisladores del PRO, la UCR y el MID plantearon objeciones al texto aprobado por el Senado y reclamaron modificaciones.
El oficialismo, en cambio, no mostró disposición a alterar la iniciativa, según lo expresado por el subsecretario de Hidrocarburos, Horacio Veller.
Una alternativa planteada durante las discusiones consiste en elevar el corte obligatorio de biodiésel del 10% al 12% o al 12,5%. La propuesta apunta a ampliar la demanda interna y generar espacio para la participación de las grandes empresas sin desplazar a las pymes que actualmente abastecen ese mercado.
La diputada Victoria Tolosa Paz respaldó la posibilidad de llevar la mezcla al 12,5%, mientras que otros legisladores y representantes de la industria defendieron el texto que obtuvo media sanción en el Senado.
La falta de acuerdo dejó al oficialismo sin los votos necesarios para avanzar con el dictamen. El presidente de la comisión de Energía y Combustibles, Facundo Correa Llano, indicó que las conversaciones continuarían para intentar destrabar el tratamiento.
Acuerdos por el bioetanol
La disputa por el biodiésel también demora una reforma que contempla a toda la cadena de biocombustibles. En el caso del bioetanol, producido a partir de caña de azúcar y maíz, los sectores involucrados alcanzaron acuerdos sobre los principales lineamientos de la iniciativa.
El proyecto propone elevar al 15% el corte obligatorio de bioetanol en las naftas. La modificación interesa especialmente a provincias como Córdoba, principal productora nacional de este combustible a partir de maíz, y Tucumán, vinculada a la producción basada en caña de azúcar.
La falta de dictamen mantiene en suspenso las expectativas de inversión asociadas al nuevo marco regulatorio. Desde distintos sectores de la cadena agroindustrial sostienen que una normativa de largo plazo permitiría ampliar la producción y aprovechar la capacidad instalada.
El diputado cordobés Carlos Gutiérrez cuestionó la demora y advirtió que la falta de avances perjudica a las provincias productoras. También sostuvo que existe disposición para negociar mejoras en los porcentajes de corte, pero reclamó que las diferencias no se conviertan en un obstáculo permanente para sancionar la ley.
Con los tiempos parlamentarios cada vez más ajustados, la posibilidad de que la reforma sea aprobada antes de finalizar 2026 dependerá de que el oficialismo y los bloques aliados alcancen un acuerdo. Si el texto se modifica en Diputados, deberá regresar al Senado para su revisión, lo que agrega una dificultad para completar el trámite legislativo antes del cierre del año.