A través de una publicación en las redes sociales y acompañada por un video explicativo, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) salió al cruce de los reclamos de las pymes del sector. El objetivo de la entidad exportadora fue desactivar el argumento de que las grandes compañías ejercen una posición dominante que asfixia a las plantas de menor escala al momento de comprar el insumo clave: aceite de soja.
El debate de fondo expone la histórica grieta del sector: las pymes locales contra las empresas integradas (aquellas terminales que realizan todo el proceso, desde la molienda de la soja para extraer el aceite hasta su transformación final en biodiesel). Bajo el marco regulatorio vigente, las empresas integradas tienen estrictamente prohibido por ley vender su biodiesel en el mercado interno para el corte obligatorio de los combustibles, un beneficio que quedó reservado de forma exclusiva para las pymes no integradas. Ante el debate de una nueva legislación, CIARA busca derrumbar ese muro comercial argumentando que la falta de inversiones propias obligó a las pymes a depender del mercado externo.
“Aceite hay, lo que falta es inversión”: sostienen desde CIARA
Para ordenar la discusión de cara a la reforma legislativa, la cámara aceitera expuso estadísticas que demuestran la enorme disponibilidad de materia prima que existe en el territorio nacional. Argentina produce anualmente alrededor de 8,5 millones de toneladas de aceite de soja, mientras que el consumo total del segmento de las pymes de biodiesel apenas roza las 650 mil toneladas al año. En términos prácticos, con solo un mes y medio de la producción aceitera del país se podría cubrir la demanda de todo un año de estas plantas.
Con este escenario de abundancia, CIARA sembró un duro interrogante sobre el rol que jugaron las pymes durante las últimas dos décadas de mercado cerrado y sin competencia: ¿Por qué muchas plantas de biodiesel no invirtieron para producir su propio aceite?
De acuerdo con los registros sectoriales presentados por la cámara:
28 plantas de biodiesel operan actualmente en el país sin haber realizado inversiones para generar su propia producción de aceite de soja.
En contrapartida, la Argentina cuenta con 358 plantas activas de aceite de soja distribuidas en 8 provincias, consolidando una capacidad instalada nacional de 70 millones de toneladas entre los procesos de molienda y extrusión.
Para las grandes terminales, el precio del insumo no puede analizarse de forma aislada, sino que está directamente ligado a la escala, la eficiencia y la integración productiva. Asimismo, advierten que el aceite que se destina a la exportación no guarda paridad con el aceite de soja neutro que se comercializa internamente, el cual asume plazos de cobro sustancialmente más largos.
La ley y el proyecto de reforma
Desde CIARA argumentan que la falta de inversión de las pymes para autoabastecerse de su insumo principal termina contradiciendo el espíritu original de la Ley de Biocombustibles sancionada en 2006. Aquella norma nacía con la premisa de promover la producción, incentivar el desarrollo de nuevas empresas y fortalecer la competitividad general del mercado, objetivos que -según la mirada agroexportadora- se desvirtuaron tras casi veinte años de una protección regulatoria que desincentivó el crecimiento de las plantas protegidas.
El recorrido internacional demuestra que cuando las reglas del juego premian la escala, el país responde con fuerza. Entre 2016 y 2018, la Argentina se convirtió en el primer exportador mundial de biodiesel, generando inversiones por más de USD 2.500 millones, superando incluso las trabas paraarancelarias impuestas por los Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump y las restricciones ambientales que la Unión Europea intenta imponer a la soja.
Por este motivo, el bloque agroexportador ratificó su respaldo al proyecto de ley impulsado por la senadora Patricia Bullrich, señalando que los derechos de exportación (retenciones) son impuestos distorsivos y no subsidios. Para CIARA, el eje de la nueva ley no debe ser cómo trasladar los costos de una industria a otra para mantener un mercado fragmentado, sino cómo diseñar una política de estado que libere el potencial de las empresas integradas, incentive la eficiencia y permita la participación activa de toda la industria en el mercado interno.