La delicada situación de Vicentin volvió a generar impacto en la industria alimentaria. Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), la empresa que alguna vez fue parte del conglomerado agroexportador y que heredó la unidad de yogures y postres de SanCor, anunció la suspensión total de su producción por 30 días en sus plantas de Arenaza (Buenos Aires) y Monte Cristo (Córdoba).
La decisión responde a un combo de factores críticos: embargos judiciales derivados de conflictos laborales, cortes de energía que paralizaron líneas de producción y una disputa con el gremio lechero ATILRA, que rechazó una propuesta empresarial de reducir los turnos a 15 días al mes para evitar la paralización.
Actualmente, ARSA está bajo el control de La Suipachense, propiedad del grupo venezolano Maralac y del empresario argentino Claudio Raffaniello. Sin embargo, a pesar de los intentos por sostener la actividad, el deterioro operativo y financiero ha sido sostenido.
La crisis no es nueva. En 2024, la firma ya había comenzado a incumplir el pago de salarios, a operar por debajo del 30% de su capacidad instalada y a aplicar recortes: de los 500 empleados originales, hoy quedan sólo 240, con sueldos abonados parcialmente y en cuotas semanales del 15%.
En diciembre pasado, la compañía se presentó en concurso preventivo, sin lograr revertir el rumbo. Ahora, con las plantas detenidas y sin certezas sobre la reanudación, el futuro de la ex división láctea de Vicentin aparece cada vez más comprometido.
La empresa comunicó que notificará al personal en caso de que se generen condiciones para reactivar los turnos, aunque el escenario operativo sigue dominado por la incertidumbre.
