La Sociedad Rural Argentina (SRA) cuestionó las dificultades registradas en su sistema tecnológico, con una revisión profunda del proceso que dio origen a la situación actual.
En ese sentido, la entidad subraya que “en todo momento la entidad ha registrado y señalado los incumplimientos por parte del proveedor”, los cuales -según detalla- constan en diversas comunicaciones y “han quedado reflejados en la auditoría externa que se está realizando a tal efecto”.
Asimismo, remarca un dato central: “La totalidad de las personas (directivos, ejecutivos y personal) que participaron en la concepción, diseño e implementación del sistema ya no se encuentran actualmente vinculadas a la entidad”, habiendo cesado su relación por decisión propia.
En paralelo, la conducción actual advierte sobre una situación que agrega tensión interna. Según expresa el documento, “llama poderosamente la atención que algunas personas que forman parte de esta Comisión Directiva pretendan tomar distancia de aquellas decisiones de las cuales han sido y siguen siendo partícipes”, y agrega que resulta “aún más grave y sintomático que alguien que es directivo formal termine tomando una posición contraria a nuestra entidad”.
Frente a este escenario, la SRA avanza con un plan concreto: “la institución se encuentra implementando un plan de contingencia con soluciones alternativas que aseguren el normal funcionamiento del sistema con la mayor celeridad posible”, al tiempo que reafirma “su compromiso con una administración responsable, la mejora continua de sus procesos y la defensa de los intereses de sus socios”.
El sistema tecnológico, concebido como eje del proceso de modernización institucional, evidenció inconsistencias en su desarrollo e implementación. La propia entidad reconoce que las deficiencias incluyeron “múltiples errores, fallas de funcionamiento, desarrollos comprometidos no realizados”, así como respuestas “extemporáneas, parciales y defectuosas” por parte del proveedor.
El origen del proyecto se remonta al Plan Estratégico 2021, impulsado bajo la órbita del entonces vicepresidente Marcos Pereda, junto a su equipo, donde se concentraron decisiones clave vinculadas al diseño, presupuesto y ejecución del proyecto.
Según surge del propio documento institucional, el contrato se firmó aun cuando el auditor legal había formulado “observaciones críticas y advertencias sustanciales sobre su contenido, las cuales no fueron consideradas al momento de su firma”.
Con el correr de los meses, los desvíos se fueron acumulando: incumplimientos en los plazos, entregas parciales y diferencias respecto de las prestaciones comprometidas. Incluso, se menciona que el proveedor llegó a enviar “intimaciones improcedentes tendientes a reclamar pagos por prestaciones no cumplidas en su debido tiempo y forma”.
Hoy, la Sociedad Rural Argentina busca reencauzar la situación con un mensaje claro: resolver hacia adelante y aprender de las decisiones del pasado.
