La Sociedad Rural de Rosario (SRR) respaldó el avance de una reforma tributaria en la Argentina, aunque reclamó que el proceso involucre de manera conjunta a los gobiernos nacional, provinciales y municipales. Para la entidad, la reducción de la presión fiscal sobre la producción requiere un acuerdo integral que contemple los impuestos de los tres niveles del Estado y establezca compromisos duraderos.
“Bajar un impuesto nacional mientras crecen Ingresos Brutos y las tasas municipales no cambia la ecuación de un productor ni de ninguna pyme del país”, sostuvo la institución al fijar su posición frente a la reforma anunciada por el Ministerio de Economía. El planteo pone el foco en la acumulación de tributos que afectan a la actividad productiva y en la necesidad de coordinar las políticas fiscales para evitar que la reducción de una carga impositiva quede neutralizada por el aumento de otra.
La Sociedad Rural de Rosario advirtió que las retenciones, el impuesto al cheque, Ingresos Brutos, el impuesto de Sellos y las tasas municipales representan, en conjunto, una recaudación cercana al 8% del Producto Bruto Interno (PBI). Según la entidad, esos recursos permiten financiar más de una cuarta parte del gasto público.
Uno de los principales cuestionamientos está dirigido al impuesto sobre los Ingresos Brutos, que representa, en promedio, el 80% de los recursos propios de las provincias. La SRR señaló que su alícuota efectiva ronda el 4%, frente al 1,5% que considera un nivel que no debería superarse.
La entidad también puso el acento en la participación del Estado en la renta agrícola. De acuerdo con las cifras difundidas por la institución, la carga estatal alcanza el 53,9% en Santa Fe, el 56,9% en Córdoba y el 56,1% en Buenos Aires. En ese contexto, reclamó revisar el sistema de coparticipación federal para modificar la distribución de los recursos y avanzar hacia un esquema que reduzca los impuestos que afectan la competitividad y la inversión.
Como antecedente, la SRR mencionó el Consenso Fiscal de 2017, cuyo esquema de compromisos entre las distintas jurisdicciones perdió continuidad ante la primera crisis de financiamiento. Para evitar que vuelva a ocurrir, propuso que la nueva reforma incluya una definición integral sobre cómo se financiarán la Nación, las provincias y los municipios. Además, sostuvo que los compromisos deben contar con fuerza de ley y no limitarse a un acuerdo político circunstancial. La propuesta contempla establecer un cronograma de reducción y eliminación de impuestos distorsivos en los tres niveles de gobierno. Entre las medidas mencionadas figuran la reducción de las retenciones, la unificación del IVA y la eliminación del impuesto al cheque en el ámbito nacional; la reducción de Ingresos Brutos y Sellos en las provincias; y la revisión de las tasas municipales que, según la entidad, no tienen una contraprestación efectiva en servicios.
Ganancias, jubilaciones y gasto público
La agenda planteada por la Sociedad Rural de Rosario también incluye cambios en el impuesto a las Ganancias. La entidad propuso ampliar su base imponible y eliminar excepciones sectoriales, bajo el criterio de que tribute quien obtiene una renta. Sin embargo, pidió excluir a los jubilados de ese gravamen al considerar que los haberes previsionales son el resultado de décadas de aportes y no deben tratarse como una ganancia.
En paralelo, reclamó avanzar con la eliminación de los regímenes de jubilaciones de privilegio. Según las cifras incluidas en su planteo, en noviembre de 2025 doce personas que percibían asignaciones vitalicias como expresidentes, exvicepresidentes o familiares sumaron $151 millones brutos en un mes, un monto equivalente a 375 jubilaciones mínimas.
La entidad solicitó que se traten los proyectos legislativos presentados para derogar esos beneficios. Otro de los ejes es la reducción del tamaño del Estado en sus tres niveles. La SRR planteó la necesidad de disminuir estructuras y gastos que considera ajenos a las funciones esenciales del sector público, para concentrar recursos y capacidades en infraestructura, sanidad, seguridad, justicia y educación.
Reforma laboral y menores costos para las pymes
La institución también vinculó la reforma tributaria con la modernización del mercado laboral. En ese sentido, consideró que la Ley 27.802 representó un primer paso, aunque señaló que todavía resta completar su reglamentación y avanzar en una segunda etapa orientada a reducir los costos de contratación para las pequeñas y medianas empresas.
Para la entidad, la combinación de cambios impositivos, una revisión del gasto público y una modernización laboral resulta necesaria para mejorar las condiciones de inversión y generación de empleo. El planteo de la Sociedad Rural de Rosario apunta, en definitiva, a que la reforma tributaria no quede limitada a una eventual baja de las retenciones. Su posición es que la competitividad del agro y del resto de las actividades productivas depende de una transformación más amplia del sistema fiscal, con compromisos coordinados entre los distintos niveles de gobierno.
“Con una reforma tributaria integral y la laboral en marcha, la Argentina puede ser un país que genere empleo y agregue valor a lo que produce. Sin eso, la baja de retenciones sola no alcanza”, concluyó la entidad.